El poder y el bien común

La línea divisoria que separa la concepción natural de la moderna en materia política está en la consideración de ésta, ya sea como la actividad orientada a la gestión del poder o, por el contrario, como la ordenación de pueblo y gobernantes hacia el bien común temporal. Es decir, la palabra “política” en sentido moderno reduce una realidad más compleja a una de sus partes, en una suerte de sinécdoque ilegítima.
La gran mayoría de las visiones contemporáneas “católicas” de la política caen del lado moderno: se obsesionan por el poder, incluso cuando no buscan más que “poder poder”, es decir, cuando de la política no piden más que “libertad para tal o cual cosa”. Política como fuerza o bien política como arte de la vida en común. Se me dirá que lo uno exige lo otro, pero no es cierto.
El hombre, por ley natural, nace inserto en la vida política y nace doblemente súbdito. Nadie, ni un príncipe heredero, nace gobernante. Todos nacemos súbditos –esto es, seres políticos que integran un pueblo– y todos, salvo unos pocos, permanecemos súbditos.
Dentro de una situación ordenada, la contribución del ciudadano o del súbdito –según se acentúe un aspecto u otro de su condición– contribuye al bien común mediante el exacto cumplimiento de sus deberes de justicia legal e indirectamente, en virtud de esa misma ordenación pública, porque hasta sus actos privados honestos son finalizados pública y políticamente por el recto gobierno del jefe político. Es decir: son elevados a la categoría de contribución al bien común.
Pero una situación tal, para la concepción moderna de la política, significaría que los ciudadanos son “apolíticos”, porque no participarían en la gestión del poder, o lo harían en un modo accidental.
En una situación desordenada, incluso exageradamente desordenada como la actual, no hay ningún gobernante que dirija mis actos de justicia legal y mucho menos que saque de su condición estrictamente privada, finalizándolos al bien común, mis actos privados. Eso no obsta para que yo siga contribuyendo –como el soldado aislado que ha recibido órdenes de no entregar su posición– a la edificación del bien común político mediante el cumplimiento de mis deberes de justicia legal.
En medio de la hecatombe, de la privatización y el egoísmo universales, la tentación es la de dar por perdido absolutamente el bien común. La tentación es la de entregar la posición: ¡sálvese quien pueda! O sea: ¡recluyámonos en la vida, en los intereses privados!
También incurren en ese privatismo quienes se afanan por “hacer política” en el sentido de participar, aceptando “las reglas de juego”, en los cauces previstos por un régimen antipolítico, individualista, como el que padecemos. Aunque los que así obren lo hagan subjetivamente movidos por un celo religioso, ciertamente mal enfocado.
Pero además del cumplimiento fiel de mis deberes de justicia legal, las anormales circunstancias que padecemos en las que los que monopolizan el ejercicio del poder público son los principales enemigos del bien común, el ciudadano asume otros nuevos deberes, ordenados a la preservación no ya del bien común, sino de la misma integridad individual y familiar: la defensa contra los ataques a la inteligencia, a la moral de la propia familia, a las mínimas formas de organización humana. La defensa recurriendo a todos los métodos legítimos, sin excluir a priori el uso de la fuerza, si necesaria fuera.
Otros deberes, como el del apostolado integral, mediante el cual otros recuperan o adquieren esa conciencia del bien común y de la prioridad de cumplir con nuestros deberes de justicia, no son tampoco estrictamente políticos, pero se imponen a todo aquel que comprende la gravedad del mal.

El Brigante